La movilización de colectivos de búsqueda en la Ciudad de México este 10 de mayo puso de relieve la brecha crítica entre el discurso oficial de protección y la ejecución presupuestaria real en las fiscalías estatales. Las organizaciones civiles denunciaron que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense opera actualmente con apenas el 40% de los recursos necesarios para abatir el rezago de expedientes acumulados desde la década pasada.
En la plancha del Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, las madres de personas desaparecidas señalaron que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada sigue careciendo de un reglamento operativo claro en varias entidades federativas. Esta deficiencia administrativa impide que las familias accedan a los fondos de asistencia que, por ley, deberían estar disponibles para gastos funerarios o de subsistencia básica durante las investigaciones.
El escrutinio sobre el gasto público revela que, mientras se destinan partidas multimillonarias a comunicación social para la promoción de festividades, las comisiones de búsqueda locales enfrentan recortes operativos que limitan su capacidad de respuesta en campo. Los colectivos subrayaron que la falta de peritos especializados y antropólogos forenses es la causa principal de que las pruebas de ADN tarden hasta tres años en ser procesadas.
La rendición de cuentas exigida por las activistas se centra en la opacidad de los registros estatales, los cuales no siempre coinciden con la base de datos nacional. Esta falta de homologación técnica es interpretada por los familiares como una táctica de dilación política para reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad antes de los periodos electorales.
Durante la jornada, se hizo hincapié en la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la protección de las madres que realizan labores de búsqueda. En los últimos tres años, al menos cinco buscadoras han sido asesinadas en el ejercicio de su labor, sin que existan sentencias condenatorias que sancionen a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes contra defensores de derechos humanos.
La protesta también señaló el estancamiento de las iniciativas de ley que buscan otorgar seguridad social y apoyo psicológico permanente a las familias de las víctimas. A pesar de las múltiples reuniones con legisladores, los proyectos de ley permanecen en la congeladora legislativa, priorizando temas de agenda política por encima de la emergencia humanitaria que viven miles de hogares mexicanos.
El cierre de la manifestación incluyó la entrega de un pliego petitorio donde se exige una auditoría externa a los fondos de atención a víctimas. Las madres buscadoras sostienen que el Estado ha delegado su responsabilidad de investigación en los ciudadanos, quienes hoy no celebran, sino que exigen el cumplimiento básico del contrato social: justicia, verdad y reparación del daño.
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