El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió una nota diplomática de extrañamiento al Gobierno de los Estados Unidos tras confirmarse la realización de un operativo de campo de la CIA en el estado de Chihuahua sin supervisión del gobierno federal. El documento formal, dirigido a la Embajada estadounidense en México, exige un informe detallado que precise la fecha de ingreso, el estatus migratorio y las condiciones operativas de los agentes implicados.
La gestión diplomática fue conducida directamente por el canciller Roberto Velasco y entregada formalmente al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. La postura del Estado mexicano califica el incidente como una excepción grave a los canales de cooperación binacional establecidos y rechaza que estas incursiones bilaterales directas con gobiernos estatales se conviertan en una práctica aceptada en el combate al crimen organizado.
El Poder Ejecutivo Federal fundamentó el reclamo en la necesidad de transparencia respecto a los recursos financieros y tecnológicos utilizados por la agencia estadounidense en territorio chihuahuense. La investigación administrativa interna busca determinar si existieron transferencias de recursos o donaciones de equipo a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que no hayan sido fiscalizadas por la Tesorería de la Federación.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno de Washington emitió una respuesta inicial y se encuentra en el proceso de proveer la información técnica solicitada por la cancillería mexicana. No obstante, la mandataria enfatizó que el caso ha rebasado el ámbito estrictamente diplomático para convertirse en un asunto de índole penal y de seguridad nacional que será resuelto por las instancias judiciales correspondientes.
El Senado de la República inició de forma paralela un proceso de citación a las autoridades del gobierno del estado de Chihuahua para que rindan cuentas sobre los acuerdos de seguridad firmados con agencias norteamericanas. Los legisladores federales indagan el origen de los fondos utilizados para el financiamiento de los operativos conjuntos, argumentando una posible violación a la facultad exclusiva del Ejecutivo Federal en materia de política exterior.
Los mecanismos de control establecidos en los tratados bilaterales vigentes prohíben explícitamente que los agentes extranjeros realicen detenciones, porten armas de fuego sin autorización del gabinete de seguridad o coordinen operativos de manera autónoma. La nota diplomática subraya que cualquier acuerdo de cooperación técnica debe estar supeditado a la aprobación de la SRE y bajo la conducción directa de las fuerzas de seguridad de la federación.
El deslinde de responsabilidades institucionales continuará bajo la conducción de la FGR, que utiliza la respuesta diplomática de Washington como elemento de prueba en la carpeta de investigación. Las autoridades mexicanas mantienen bajo reserva los nombres de los agentes extranjeros identificados en las bitácoras de viaje, mientras se desahogan los requerimientos de información sobre los vuelos privados utilizados para su traslado a la zona norte de México.
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