La vicepresidenta de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, denunció una operación de manipulación en el sistema de justicia penal orientada a encarcelar a perfiles de la oposición política. La legisladora acusó directamente la existencia de jueces que actúan «por consigna», señalando que el aparato judicial está siendo instrumentalizado para fabricar culpables en delitos federales complejos y encubrir a funcionarios gubernamentales involucrados en redes de corrupción.
El caso central de la denuncia es la detención del exmandatario Ernesto Ruffo Appel, a quien López Rabadán catalogó formalmente como el primer preso político de esta coyuntura. La presidenta de la Cámara de Diputados reveló que un primer juzgador desestimó el caso por falta de pruebas, lo que provocó que el ministerio público trasladara el expediente a una jueza afín al oficialismo para garantizar la vinculación a proceso, vulnerando los principios de imparcialidad procesal.
La legisladora exigió a las autoridades federales investigar a las aduanas y dependencias de energía, argumentando que el contrabando de combustibles a gran escala es logística y administrativamente imposible sin la firma y omisión de autoridades en activo. Señaló que responsabilizar a un ciudadano sin injerencia gubernamental actual constituye un insulto a la inteligencia pública y un mecanismo para proteger a los verdaderos operadores de la evasión fiscal.
En el ámbito de la rendición de cuentas estatal, López Rabadán lanzó un ultimátum a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, exigiéndole transparentar el contenido de comunicaciones privadas filtradas recientemente. La diputada demandó que la mandataria revele la identidad y el cargo de la persona con la que negoció la recuperación de un documento migratorio extranjero a cambio de información catalogada como confidencial en las mesas de seguridad.
La falta de transparencia y el uso político de la justicia, advirtió la legisladora, tienen un costo directo en la arena internacional. En el contexto de las mesas de revisión del acuerdo comercial norteamericano, López Rabadán sostuvo que las agencias extranjeras observan de cerca la protección gubernamental hacia actores vinculados a la «narcopolítica», lo que debilita la posición negociadora de México para evitar sanciones arancelarias.
Para mitigar la percepción de inseguridad jurídica, la legisladora instó al Congreso a acelerar legislaciones pendientes que brinden certeza ciudadana. Entre ellas, destacó la urgencia de auditar y regular el ecosistema digital, promoviendo una ley de inteligencia artificial que obligue a las corporaciones tecnológicas a implementar candados de seguridad verificables para proteger la integridad psicológica y los datos de los usuarios menores de edad.
En materia de derechos laborales, la diputada evidenció la incongruencia de un sistema que procesa penalmente a opositores sin pruebas, mientras litiga en contra de sus propios trabajadores retirados. Informó que el Poder Legislativo analiza mecanismos legales para obligar al Estado a restituir las condiciones de jubilación originales a cientos de extrabajadores del sector energético que perdieron su certidumbre económica tras décadas de servicio ininterrumpido.