La senadora Kenia López Rabadán lanzó una advertencia directa sobre los posibles abusos de poder que podrían derivarse de los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias que actualmente se encuentran en etapa de consulta pública en el país.
Durante una conferencia de prensa en el recinto legislativo, la congresista cuestionó que las reglas propuestas otorguen facultades a las autoridades gubernamentales para determinar de manera unilateral qué información es falsa o descontextualizada, abriendo la puerta a mecanismos indirectos de censura sobre las líneas editoriales.
Kenia López Rabadán coincidió con las observaciones formuladas por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), argumentando que cualquier supervisión estatal sobre las decisiones de las defensorías de las audiencias o la imposición de sanciones administrativas vulnera la libertad de prensa y de expresión garantizada en la Constitución.
Un punto crítico planteado por la legisladora fue el vacío regulatorio en torno a las conferencias de prensa matutinas del Ejecutivo federal y los gobiernos estatales. López Rabadán exigió clarificar si los mensajes emitidos en estos espacios son catalogados como opinión, información formal o análisis político, dado que se transmiten mediante medios públicos sostenidos con recursos del Estado.
En materia de fiscalización a la gestión pública, la legisladora criticó el uso del aparato comunicacional para revivir debates sobre sucesos ocurridos hace tres décadas, catalogándolo como una estrategia para desviar la atención de los problemas apremiantes de violencia, impunidad y bajo crecimiento económico que impactan a la ciudadanía.
Sobre los procesos de procuración de justicia, Kenia López Rabadán exigió una postura firme y sin sesgos partidistas frente a las evidencias presentadas por agencias internacionales respecto a presuntos nexos entre políticos y estructuras del crimen organizado.
La representante legislativa enfatizó que la rendición de cuentas debe aplicarse de manera expedita contra cualquier servidor público que utilice su cargo para enriquecerse o blindar operaciones ilícitas, señalando que la verdadera soberanía radica en garantizar el Estado de derecho e impedir la impunidad dentro del gobierno.