Por Juan Pablo Ojeda
La Cámara de Diputados, bajo la conducción de Kenia López Rabadán, activó un mecanismo de supervisión institucional sobre los recursos destinados a la seguridad pública y los órganos forenses del país. La diputada presidenta denunció que la persistencia de 135 mil desapariciones configura una omisión del Estado en sus funciones primarias de justicia, obligando al Congreso a ejercer sus facultades de contrapeso frente al ejercicio presupuestal de las fiscalías de justicia.
El marco de rendición de cuentas se fundamenta en las advertencias del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que notificó al Estado mexicano sobre indicios de prácticas sistemáticas o generalizadas en la materia. El reporte internacional destaca un índice de impunidad penal superior al 95% en los casos denunciados, un indicador que la Mesa Directiva vincula directamente con la falta de fiscalización del gasto operativo.
La exigencia parlamentaria estipula que la asignación de nuevas partidas a la Comisión Nacional de Búsqueda estará condicionada a la entrega de bitácoras de efectividad auditables. El Congreso busca suprimir el uso discrecional de fondos en campañas de comunicación institucional, redirigiendo el flujo financiero a la contratación de ministerios públicos especializados y al blindaje de las bases de datos de perfiles genéticos.
El análisis de fiscalización incluye la revisión del desempeño de las fiscalías locales, señaladas por los colectivos civiles de incurrir en omisiones procesales y pérdida de evidencias biológicas. La legislación penal mexicana tipifica sanciones para los servidores públicos que obstruyan el acceso a la verdad o retrasen deliberadamente la entrega de restos humanos identificados a sus núcleos familiares.
López Rabadán enfatizó que la seguridad de las madres buscadoras debe ser asumida como una obligación legal por las fuerzas federales de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional. El hecho de que civiles realicen labores de excavación y rastreo táctico sin escolta oficial constituye una violación a los protocolos de protección de víctimas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantendrá bajo revisión.
El seguimiento de las minutas firmadas con las organizaciones de víctimas civiles formará parte de la agenda de control político de la Cámara baja durante el actual periodo de sesiones. La Mesa Directiva notificó que no se validarán modificaciones presupuestales que reduzcan la capacidad operativa de las agencias especializadas en la localización de personas, bloqueando los intentos de reorientar esos fondos a proyectos de infraestructura.
La última fase de la estrategia de control parlamentario contempla la comparecencia obligatoria de los titulares de las fiscalías especializadas ante las comisiones ordinarias de San Lázaro. El Congreso de la Unión utilizará estas herramientas de supervisión para fiscalizar el destino de cada peso etiquetado en el rubro de atención a víctimas y garantizar que los compromisos legales no se disuelvan en el aparato burocrático.